Hay recursos para no tener que hacer recortes en Canarias

Publicado en por Izquierda Unida Los Realejos

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Por Ramón Trujillo (*) - Canarias Semanal

La intensificación de los recortes en el gasto público de Canarias - escribe RAMÓN TRUJILLO - sólo puede tener efectos desastrosos para el presente y para el futuro de una comunidad autónoma que lidera los niveles de desempleo y bajos salarios del Estado (...).

 La intensificación de los recortes en el gasto público de Canarias sólo puede tener efectos desastrosos para el presente y para el futuro de una comunidad autónoma que lidera los niveles de desempleo y bajos salarios del Estado y que, asimismo, cuenta con el mayor porcentaje de personas insatisfechas con la sanidad pública, con la mayor ratio de estudiantes por docente y con la menor tasa de atención a la dependencia.

      
 
     La situación social y económica de Canarias se ha deteriorado seriamente y todo indica que se agravará en fechas próximas. Los nuevos recortes impuestos por el gobierno de Rajoy expresan la insensibilidad del ejecutivo central hacia un territorio especialmente castigado por la crisis. Es más, a los recortes se añade el hecho de que la inversión en Canarias, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, es de 228.3 euros por habitante, lo cual supone 125.7 euros menos que el promedio estatal. O sea, menos inversión y más recortes para afrontar problemas más graves.
      
 
     Sin embargo, la Canarias oficial, que siempre mira a Madrid para buscar responsabilidades por las desventuras ultraperiféricas, tiene un margen de juego que no utiliza. Porque en Canarias hay recursos para afrontar la crisis económica, pero no hay voluntad de utilizarlos. 
       

    En primer lugar, hay que tener presente que los descuentos fiscales a la Canarias adinerada, realizados a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), sumaron, en 2008, 265.2 millones de euros en el Impuesto de Sociedades, 29.9 millones en el IRPF y otros 80.6 millones en ambos impuestos por bienes corporales producidos en Canarias. En suma, 375.7 millones de euros que no se recaudaron en Canarias, pero que se podría haber pactado con el Estado recaudarlos y transferirlos al Archipiélago. En 2006, la cantidad equivalente rondó los 991 millones de euros.
       

     Canarias podría recaudar 148 millones de euros si hiciera aflorar los alquileres sumergidos. Además, podría exigir al Estado un plan antifraude para reducir en diez puntos porcentuales la economía sumergida (que, aún así, seguiría estando por encima de la media europea) y recaudar 1.530 millones de euros al año. Estamos hablando de unos 2.053 millones de euros que existen en Canarias y que, a causa de la insensibilidad social y la escasa voluntad redistribuidora de los gobernantes del Archipiélago, se han concentrado en quienes más tienen.
      
 
      No es casualidad que el informe anual del Consejo Económico y Social de Canarias para 2010 señalara que las Islas son la Comunidad Autónoma con mayores desigualdades. Y ello ocurre en el Estado de la Unión Europea a 15 que, a su vez, posee las mayores desigualdades.
       

    Un estudio de los economistas Michael Kumhof y Romain Rancière vincula el aumento de la desigualdad a la reducción de los salarios y al "aumento del endeudamiento". No es casualidad que Canarias sea la comunidad autónoma más desigual y, a la vez, la que tiene a las familias y a las empresas más endeudadas. Según el Banco de España, a finales de 2011, las familias y las empresas canarias debían a bancos y cajas el 119.8% de lo que tenían ahorrado en esas entidades, frente al promedio estatal equivalente del 54.6%. Desigualdad y bajos salarios hacen que sean precisamente quienes menos tienen quienes más se endeudan.
      
 
    La Canarias empobrecida gasta mucho en servicios financieros porque al ganar poco propicia que los sectores adinerados ganen mucho y, dado que tributan poco, prestan mucho. Sin embargo, quienes tienen más debieran pagar más y las administraciones expandir el gasto público, en particular el gasto público social, invertir la involución salarial en curso y así permitir una activación de la demanda que nos saque de la crisis. Las caídas paralelas de salarios y gasto público son también malas noticias para las empresas, que venderán menos, y para nuestra economía, que estará cada vez más tentada por la recesión. Es evidente que necesitamos un giro de 180 grados en la política económica. Y ese cambio debe estar presidido por la búsqueda de igualdad económica, que es tanto una exigencia de justicia como de eficiencia económica.



(*)  Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.

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