Amnistía Internacional crítica el régimen de incomunicación español

Publicado en por Izquierda Unida Los Realejos

Alvar Chalmeta

 

Amnistía Internacional denuncia en un reciente informe que “ningún otro país de la UE mantiene un régimen de detención con restricciones tan severas a los derechos”.

“Es inadmisible que en la España actual una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro. Esta falta de transparencia puede utilizarse para ocultar violaciones de derechos humanos”. Así de contundente fue Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa de Amnistía Internacional (AI) en la presentación, el 15 de septiembre del estudio España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación Ver informe completo.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal española permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta cinco días en todos los casos y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo. Este período de 13 días se compone de una fase de hasta cinco días de incomunicación bajo custodia policial, que puede prorrogarse otros cinco días más en prisión provisional. Además, en cualquier momento de la instrucción el juez puede imponer tres días más de incomunicación.

“La persona detenida no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección”, resaltó Duckworth. “Su familia vive con la angustia de no saber lo que le ha ocurrido, y muchas personas detenidas en régimen de incomunicación afirman haber sido sometidas a malos tratos, aunque raras veces se investigan tales denuncias”.

Violación de derechos

Este régimen de incomunicación, sostiene el informe, además de violar “derechos importantes de los detenidos que son esenciales para garantizar un juicio justo”, contraviene hasta un total de siete pactos, convenios y reglas internacionales, firmados por el Estado español.

Por ello Amnistía reclama que esta legislación sea derogada. Rachel Taylor, investigadora de AI y autora del informe matiza que aunque la ley permite aplicar el régimen de incomunicación “básicamente en cualquier caso, sea terrorismo u otro crimen, en realidad se usa sólo en casos de terrorismo o de sospechosos de crimen organizado”.

Sin embargo resalta que se trata de uno de los regímenes de detención más severos de Europa. “No tenemos constancia de ningún otro país de la UE donde apliquen un régimen de incomunicación, donde la gente no puede avisar a su familia que ha sido detenida, en que el detenido no pueda consultar con un abogado de confianza, ni pueda consultar con un abogado de oficio en privado sin que estén presentes policías. Hemos tenido preocupaciones respecto a otras legislaciones contra el terrorismo, pero un régimen de incomunicación tal no existe”.

La respuesta del Gobierno pareció llegar el mismo día de la presentación del informe en una nota de la agencia EFE en la que un portavoz del Ministerio de Justicia afirmaba que las detenciones incomunicadas son excepcionales y que se producen siempre bajo control judicial y con arreglo a resoluciones que pueden ser recurridas. Pobre defensa porque el mismo estudio de AI, que reconoce la existencia del requisito de que todas las órdenes de incomunicación deben ser fundamentadas por escrito por el juez, recuerda que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denunció que las policías “solicitan sistemáticamente el régimen de incomunicación para los detenidos en relación con actividades terroristas, y […] los jueces las conceden sistemáticamente”.

Además AI afirma que para el informe, realizaron entrevistas a abogados y que estos “explicaron que habitualmente las razones expuestas por el juez son muy breves y genéricas, y en ocasiones sólo mencionan que se concede en respuesta a la solicitud de la policía”. Un abogado llegó a afirmar: “el ‘corta y pega’ acabó con los derechos” de los detenidos.

 

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